Actualidad Penitenciaria,  Artículo,  Colaboraciones

De la demonización de nuestros funcionarios de prisiones por Macarena Olona (VOX)

Segundo artículo previo a las elecciones, redactado por Macarena Olona Choclán, Secretaria General y Portavoz adjunto del grupo parlamentario VOX en el Congreso.

Dejamos atrás la XIII Legislatura y, con ella, la materialización de importantes iniciativas parlamentarias que no deberían depender del capricho de intereses partidistas y réditos electorales. Entre ellas, las que desde el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) hemos registrado en el Congreso de los Diputados para materializar nuestro apoyo constante y sin fisuras a un Colectivo de Servidores Públicos a quien, de manera particular, el Gobierno de España ha dado la espalda.

Hoy me dirijo a nuestros Funcionarios de Prisiones.

Funcionarios a quienes considero Compañeros y cuya profesionalidad he podido conocer en primera persona cuando, en mi previa labor como Abogado del Estado, he tenido el honor de asumir su defensa en las causas penales –con resultado siempre absolutorio- o, de manera indirecta, al defender al Estado en sede de responsabilidad civil subsidiaria. Ese conocimiento es el que me ha permitido sentirme en Casa cuando, en esta breve Legislatura en la que he tenido el honor de servir a España como Diputada nacional del GPVOX, sus necesidades han sido las de mi Grupo Parlamentario. Sus reivindicaciones han sido las nuestras.

La Justicia es en España un servicio público esencial que, sin nuestros Funcionarios de Prisiones, se vería huérfana y defraudada. Representan el bastión que culmina la aplicación de nuestro Estado de Derecho cuando, luego de un proceso jurisdiccional con plenas garantías, la población reclusa ha de ser custodiada en nuestros Centros Penitenciarios.

Son ellos, sin duda, quienes velan por nuestra seguridad. Son ellos, sin duda, quienes protegen, cada día, a la sociedad española. Y es por ello, precisamente, por lo que resulta una INDIGNIDAD la absoluta demonización que están sufriendo, de manera particular, por quienes se supone deberían velar por su adecuado cuidado en el desempeño de su quehacer profesional: el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz. Uno y otro han demostrado, en reiteradas y dolorosas ocasiones, que NO están a la altura de los cargos públicos que desempeñan. No se merecen asumir el Mando de Servidores Públicos tan extraordinarios como los que se encuentran bajo su tutela. Entre ellos, nuestros Funcionarios de Prisiones.

Hemos intentado, a través de todos los mecanismos puestos a nuestra disposición, actuar como un escudo protector. Que, por encima de todo, nunca os sintieseis solos en vuestras justas y legítimas reivindicaciones.

El pasado 4 de julio el GPVOX denunció ante el Defensor del Pueblo –en términos más adecuados, el Defensor del PSOE-, la arbitraria e ilegal Orden de Servicio dictada por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, en fecha 1 de julio de 2019 (registro de salida núm. 946), sobre “DEBER LEGAL PARTE DE LESIONES”, con el fin de que, en su labor como protector de los Derechos Fundamentales frente a las Administraciones Públicas, amparase adecuadamente los derechos fundamentales a la igualdad de todos los españoles ante la Ley y no discriminación (art. 14 CE), a1 honor (art. 18 CE) y a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva (art 24. CE), de los funcionarios que prestan servicio en los Centros Penitenciarios de España. ), dado que, frente al régimen común al resto de los españoles, sólo en el caso de los funcionarios de prisiones, por mor de la citada Orden, se van a ver sometidos a un examen indiscriminado por la Jurisdicción penal de su actividad funcionarial, en aquellos casos en que no haya el más mínimo elemento probatorio de una conducta irregular. Esto es, en aquellos casos en que se ha constatado que la declaración de la supuesta víctima de torturas o malos tratos no va acompañada de ELEMENTOS OBJETIVOS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA, los cuales, antes al contrario, afloran la mendacidad de la acusación.Orden de Servicio que el GPVOX denunció, no sólo por ser ilegal y gravemente atentatoria de los derechos fundamentales indicados, sino, a mayor abundamiento, ARBITRARIA, en la medida en que,

(I) ni da solución a una supuesta práctica generalizada de torturas por parte de nuestros funcionarios de prisiones, como así parece querer trasladar, QUE NO EXISTE,

(II) ni suple un supuesto vacío normativo dada la profusa normativa, YA EXISTENTE, que da amparo a la población reclusa frente a cualquier actuación irregular.

Y es que, sin base alguna, los Mandos políticos del Ministerio del Interior decidieron consagrar una presunción de culpabilidad sobre nuestros Funcionarios, convirtiéndoles en presuntos torturadores, y emitiendo una normativa que, pese a ser ellos quienes combaten la delincuencia, les criminaliza. Porque los números siempre son tozudos y aquí las estadísticas son nítidas: durante el periodo 2009-2018, se registraron 758 informes de inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, NINGUNO POR TORTURA, de los cuales 11 concluyeron en sanción, en un colectivo de 24.000 funcionarios. En 2018 hubo 111 informes, ninguno de los cuales concluyó con sanción. Y con esta realidad innegable nos dirigimos al Defensor del Pueblo, poniéndole enfrente el espejo de la denuncia que formulábamos, aun a sabiendas de su escaso recorrido porque, éramos conscientes, el, en particular, estaba detrás de la indigna Orden emitida la cual trataba de dar respuesta a sus Recomendaciones como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

Ahora bien, alcanzábamos mediante la denuncia interpuesta el verdadero objetivo pretendido: conseguir que se posicionara por escrito y, a resultas, exigir su comparecencia urgente en la Comisión del Congreso de los Diputados donde, por nuestro conducto, los Funcionarios de Prisiones podrían exigir su responsabilidad, en paralelo a la impugnación jurisdiccional de la citada Orden que también se promovió por las Asociaciones.

Yo confieso, y lo hago como Técnico, que no di crédito a la respuesta escrita que el Defensor del Pueblo proporcionó al GPVOX desestimando la denuncia interpuesta. Se atrevió a apelar al “Protocolo de Estambul” y con ello, como espero tener oportunidad de desarrollar en esa comparecencia personal que exigiremos en la XIV Legislatura, se posicionó al lado de los etarras y sus abogados defensores pues tal ha sido su endeble argumento cuando han tratado de obtener pronunciamientos condenatorios de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestas torturas, siempre infundadas y desestimadas por los Tribunales de Justicia como igualmente he tenido el honor de atestiguar en primera persona cuando he asumido su defensa.

Seguiremos luchando desde el GPVOX para hacer frente a esta demonización que sufren nuestros Funcionarios de Prisiones. Y que pasa, por eliminar esta presunción de criminalidad que arbitraria e ilegalmente se ha hecho pesar sobre ellos, como, igualmente, por promover todas las iniciativas parlamentarias que estén a nuestro alcance para conseguir que desarrollen su esencial labor profesional en unas condiciones DIGNAS de las que ahora carecen.Que sean reconocidos legalmente Agentes de la Autoridad es un objetivo prioritario. Pero no exclusivo. Entre las medidas que hemos exigido, se encuentran:

(i) lograr la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. No es admisible que existan diferencias salariales para puestos de trabajo iguales;

(ii) realizar una convocatoria de empleo público ambiciosa para los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años;

(iii) crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional;

(iv) adecuar y actualizar los actuales medios materiales para poder afrontar los actos violentos por parte de los internos hacia los trabajadores: walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos; así como

(v) fundar una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios de forma que sea requisito básico haber recibido formación en la misma para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados. Debe ser una institución profesional dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa.

Me limito a describir en estas líneas las iniciativas que el GPVOX ya ha registrado en el Congreso de los Diputados y que, una vez se inicie la nueva Legislatura, impulsaremos de nuevo.

Estamos a vuestro lado, Funcionarios de Prisiones. Y no porque busquemos un rédito electoral. Apoyamos vuestras justas reivindicaciones porque son de JUSTICIA. Y yo, como Compañera funcionaria, doy fe de ello.

Permitidme que concluya dedicando estas breves líneas a una Funcionaria de Prisiones en particular: Chus de la Peña. Te mereces un reconocimiento mucho mayor del que yo pueda darte, Chus, porque libras una doble batalla, la de defensa del Colectivo y la más importante, la personal. Tu fuerza y tesón son un ejemplo para todos los que te conocemos, admiramos y queremos. Nos iluminas con tu sonrisa. Gracias, Compañera. Seguimos en la lucha.

A %d blogueros les gusta esto: