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La adaptación de la Normativa Penitenciaria Española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

En todo caso, a tenor de las obligaciones establecidas en el art. 4 de la Convención, el Estado español debe tomar todas las medidas “legislativas, administrativas y de otra índole” que resulten pertinentes para hacer efectivos los derechos que la misma reconoce, así como proceder a la derogación o modificación de aquellas “leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes” que “constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.

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