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Prisiones, silenciados por los violentos, amordazados por Sánchez por Ana Vázquez (PP)

Tercera entrega previa a las elecciones del domingo, artículo de Ana Belén Vázquez Blanco, diputada y vocal de la Comisión de Interior.

Esperamos nos remitan sus artículos Psoe y Podemos para cerrar esta serie de colaboraciones

La tarea que realizan los funcionarios de prisiones, esencial para la democracia, debe ser mejor reconocida. El GPP reclama que se mejore su retribución, se amplíen las plantillas y se les garantice su carácter de agentes de autoridad.

Estamos ante un colectivo fundamental en la Seguridad de nuestro país, un colectivo que sufrió en sus carnes la barbarie terrorista y que ahora se encuentra sometido a la mordaza de un Gobierno que no consiente que se conozca su labor y sus condiciones sociolaborales. Un colectivo con el que tenemos una deuda histórica y que me obliga a pedir disculpas por no haberlo hecho antes.

Tengo que felicitar a todos los sindicatos y organizaciones defensoras de los funcionarios de instituciones Penitencia que durante estos meses fueron capaces de dar visibilidad a los problemas que están sufriendo estos servidores públicos y encajar sus reivindicaciones en la agenda política, marcándolo como una prioridad. Fruto de ello son las iniciativas que el Partido Popular presentó en el Congreso y la propia referencia únicamente de Pablo Casado en el debate de candidatos del pasado lunes.

La institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa en la última década. Esos cambios han llegado a producir una nueva población más agresiva y peligrosa. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.

Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda, en el exterior de los Centros. Los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.

Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos hacia los funcionarios, así como accidentes laborales, en lo que va de año más de 300.

Por eso como sociedad debemos defender a nuestros funcionarios de Prisiones dándoles su condición de agentes de la autoridad y mejorar sus condiciones sociolaborales, igualándoles salarialmente a los funcionarios de CATALUÑA, dotarles de más medios personales y materiales. En definitiva dar dignidad a unos servidores públicos que velan por nuestra seguridad.

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