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    NARCOLEPSIA por A. Gomez

    Corren malos tiempos actualmente en España y nuestra labor como sociedad está siendo examinada, de momento vamos a revalidas con muchas probabilidades de repetir curso.

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    Llevamos años arrastrando una desaceleración económica de la que no logramos recuperarnos, hemos rescatado bancos con un dinero que no volveremos a ver, nuestros mayores ven peligrar sus pensiones que es su recompensa por toda una vida trabajando, cada día se producen desahucios, cada semana una mujer muere asesinada en manos de un hombre, pagamos precios desorbitados por un alquiler o por circular por autopistas más que amortizadas, pero eso sí el problema de todo lo tiene Cataluña.

    Desviar la atención hacia otro lado y provocar divisiones internas es una de las estrategias más antiguas empleadas por el que ostenta el poder, divide y vencerás frase atribuida a Julio César pero adoptada por la mayoría de dirigentes.

    Desde la transición, no tan elogiable y trasparente como nos quieren hacer ver, el poder en este país se lo han ido alternando dos partidos y con el paso de los años han ido apareciendo en escena otras alternativas de izquierda, de centro y la preocupante irrupción de la extrema derecha.

    Esto es un fiel reflejo de la división, hastío y hartazgo que sufrimos los españoles.

    Pues si trasladamos toda esta introducción al colectivo de funcionarios de prisiones pasa exactamente lo mismo, un cuerpo totalmente desconocido para la mayoría de la sociedad y al mismo tiempo invisible, ignorado y ninguneado por las diferentes administraciones.

    Cada día en los centros de Cataluña se sufre una agresión o tentativa de agresión, esto no es un hecho aislado, es un problema. El mayor paradigma de difícil explicación es que si un interno agrede a un médico o un maestro dentro de la prisión, esos profesionales tienen categoría de agente de la autoridad, mientras que si ese mismo interno agrede a un funcionario de prisiones sale prácticamente impune.

    Se calcula que para 2025 un 30% de la plantilla actual estará en edad de jubilarse, se desconoce ninguna propuesta en forma de prejubilación o segunda actividad para dar una salida digna a todos esos compañeros que se han ganado merecidamente retirarse de los patios.

    Diferencias retributivas entre nosotros, mismo sueldo por un mismo trabajo, no hace falta ser un erudito para entender esta afirmación.

    Formación y uniformidad acorde con el siglo XXI, invertir en formación es la mejor de las inversiones.

    Redimensionamiento de plantillas, existen ratios escandalosas de 70 internos por un solo funcionario, eso es jugarse la vida literalmente.

    Al igual que en la política, las administraciones se aprovechan de nuestra desunión

    Estas son algunas de las reivindicaciones que cualquier compañero os hará llegar, y seguro que me he dejado algunas por el camino, dudo que ningún sindicato no las defienda como corresponde porque son mejoras para todo nuestro colectivo.

    Al igual que en la política, las administraciones se aprovechan de nuestra desunión, comodidad y en muchos casos falta de empatía. Somos muchos, miles, y la suma de todos nosotros haría replantearse ciertas decisiones antes de tomarlas.

    Falta de liderazgo? Poca o nula credibilidad en los sindicatos? Exceso de protagonismo de compañeros asindicados?

    img_20191101_064357967492329.pngEs hora de analizar y ser autocríticos, pero con una única finalidad, la de revertir esta situación, podemos tomar dos caminos. Uno quedarnos como hasta ahora siendo unos kies de cafetería o activistas de las redes sociales. Dos EMPODERARNOS, es el acto de que una minoría tome poder frente a la mayoría.

    Mientras llega ese día seguiremos sedados, invernando, con nuestra narcolepsia.

    A.Gómez
    Funcionario prisiones de Cataluña

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    Prisiones, silenciados por los violentos, amordazados por Sánchez por Ana Vázquez (PP)

    Tercera entrega previa a las elecciones del domingo, artículo de Ana Belén Vázquez Blanco, diputada y vocal de la Comisión de Interior.

    Esperamos nos remitan sus artículos Psoe y Podemos para cerrar esta serie de colaboraciones

    La tarea que realizan los funcionarios de prisiones, esencial para la democracia, debe ser mejor reconocida. El GPP reclama que se mejore su retribución, se amplíen las plantillas y se les garantice su carácter de agentes de autoridad.

    Estamos ante un colectivo fundamental en la Seguridad de nuestro país, un colectivo que sufrió en sus carnes la barbarie terrorista y que ahora se encuentra sometido a la mordaza de un Gobierno que no consiente que se conozca su labor y sus condiciones sociolaborales. Un colectivo con el que tenemos una deuda histórica y que me obliga a pedir disculpas por no haberlo hecho antes.

    Tengo que felicitar a todos los sindicatos y organizaciones defensoras de los funcionarios de instituciones Penitencia que durante estos meses fueron capaces de dar visibilidad a los problemas que están sufriendo estos servidores públicos y encajar sus reivindicaciones en la agenda política, marcándolo como una prioridad. Fruto de ello son las iniciativas que el Partido Popular presentó en el Congreso y la propia referencia únicamente de Pablo Casado en el debate de candidatos del pasado lunes.

    La institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa en la última década. Esos cambios han llegado a producir una nueva población más agresiva y peligrosa. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.

    Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda, en el exterior de los Centros. Los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.

    Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos hacia los funcionarios, así como accidentes laborales, en lo que va de año más de 300.

    Por eso como sociedad debemos defender a nuestros funcionarios de Prisiones dándoles su condición de agentes de la autoridad y mejorar sus condiciones sociolaborales, igualándoles salarialmente a los funcionarios de CATALUÑA, dotarles de más medios personales y materiales. En definitiva dar dignidad a unos servidores públicos que velan por nuestra seguridad.

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    De la demonización de nuestros funcionarios de prisiones por Macarena Olona (VOX)

    Segundo artículo previo a las elecciones, redactado por Macarena Olona Choclán, Secretaria General y Portavoz adjunto del grupo parlamentario VOX en el Congreso.

    Dejamos atrás la XIII Legislatura y, con ella, la materialización de importantes iniciativas parlamentarias que no deberían depender del capricho de intereses partidistas y réditos electorales. Entre ellas, las que desde el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) hemos registrado en el Congreso de los Diputados para materializar nuestro apoyo constante y sin fisuras a un Colectivo de Servidores Públicos a quien, de manera particular, el Gobierno de España ha dado la espalda.

    Hoy me dirijo a nuestros Funcionarios de Prisiones.

    Funcionarios a quienes considero Compañeros y cuya profesionalidad he podido conocer en primera persona cuando, en mi previa labor como Abogado del Estado, he tenido el honor de asumir su defensa en las causas penales –con resultado siempre absolutorio- o, de manera indirecta, al defender al Estado en sede de responsabilidad civil subsidiaria. Ese conocimiento es el que me ha permitido sentirme en Casa cuando, en esta breve Legislatura en la que he tenido el honor de servir a España como Diputada nacional del GPVOX, sus necesidades han sido las de mi Grupo Parlamentario. Sus reivindicaciones han sido las nuestras.

    La Justicia es en España un servicio público esencial que, sin nuestros Funcionarios de Prisiones, se vería huérfana y defraudada. Representan el bastión que culmina la aplicación de nuestro Estado de Derecho cuando, luego de un proceso jurisdiccional con plenas garantías, la población reclusa ha de ser custodiada en nuestros Centros Penitenciarios.

    Son ellos, sin duda, quienes velan por nuestra seguridad. Son ellos, sin duda, quienes protegen, cada día, a la sociedad española. Y es por ello, precisamente, por lo que resulta una INDIGNIDAD la absoluta demonización que están sufriendo, de manera particular, por quienes se supone deberían velar por su adecuado cuidado en el desempeño de su quehacer profesional: el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz. Uno y otro han demostrado, en reiteradas y dolorosas ocasiones, que NO están a la altura de los cargos públicos que desempeñan. No se merecen asumir el Mando de Servidores Públicos tan extraordinarios como los que se encuentran bajo su tutela. Entre ellos, nuestros Funcionarios de Prisiones.

    Hemos intentado, a través de todos los mecanismos puestos a nuestra disposición, actuar como un escudo protector. Que, por encima de todo, nunca os sintieseis solos en vuestras justas y legítimas reivindicaciones.

    El pasado 4 de julio el GPVOX denunció ante el Defensor del Pueblo –en términos más adecuados, el Defensor del PSOE-, la arbitraria e ilegal Orden de Servicio dictada por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, en fecha 1 de julio de 2019 (registro de salida núm. 946), sobre “DEBER LEGAL PARTE DE LESIONES”, con el fin de que, en su labor como protector de los Derechos Fundamentales frente a las Administraciones Públicas, amparase adecuadamente los derechos fundamentales a la igualdad de todos los españoles ante la Ley y no discriminación (art. 14 CE), a1 honor (art. 18 CE) y a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva (art 24. CE), de los funcionarios que prestan servicio en los Centros Penitenciarios de España. ), dado que, frente al régimen común al resto de los españoles, sólo en el caso de los funcionarios de prisiones, por mor de la citada Orden, se van a ver sometidos a un examen indiscriminado por la Jurisdicción penal de su actividad funcionarial, en aquellos casos en que no haya el más mínimo elemento probatorio de una conducta irregular. Esto es, en aquellos casos en que se ha constatado que la declaración de la supuesta víctima de torturas o malos tratos no va acompañada de ELEMENTOS OBJETIVOS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA, los cuales, antes al contrario, afloran la mendacidad de la acusación.Orden de Servicio que el GPVOX denunció, no sólo por ser ilegal y gravemente atentatoria de los derechos fundamentales indicados, sino, a mayor abundamiento, ARBITRARIA, en la medida en que,

    (I) ni da solución a una supuesta práctica generalizada de torturas por parte de nuestros funcionarios de prisiones, como así parece querer trasladar, QUE NO EXISTE,

    (II) ni suple un supuesto vacío normativo dada la profusa normativa, YA EXISTENTE, que da amparo a la población reclusa frente a cualquier actuación irregular.

    Y es que, sin base alguna, los Mandos políticos del Ministerio del Interior decidieron consagrar una presunción de culpabilidad sobre nuestros Funcionarios, convirtiéndoles en presuntos torturadores, y emitiendo una normativa que, pese a ser ellos quienes combaten la delincuencia, les criminaliza. Porque los números siempre son tozudos y aquí las estadísticas son nítidas: durante el periodo 2009-2018, se registraron 758 informes de inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, NINGUNO POR TORTURA, de los cuales 11 concluyeron en sanción, en un colectivo de 24.000 funcionarios. En 2018 hubo 111 informes, ninguno de los cuales concluyó con sanción. Y con esta realidad innegable nos dirigimos al Defensor del Pueblo, poniéndole enfrente el espejo de la denuncia que formulábamos, aun a sabiendas de su escaso recorrido porque, éramos conscientes, el, en particular, estaba detrás de la indigna Orden emitida la cual trataba de dar respuesta a sus Recomendaciones como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

    Ahora bien, alcanzábamos mediante la denuncia interpuesta el verdadero objetivo pretendido: conseguir que se posicionara por escrito y, a resultas, exigir su comparecencia urgente en la Comisión del Congreso de los Diputados donde, por nuestro conducto, los Funcionarios de Prisiones podrían exigir su responsabilidad, en paralelo a la impugnación jurisdiccional de la citada Orden que también se promovió por las Asociaciones.

    Yo confieso, y lo hago como Técnico, que no di crédito a la respuesta escrita que el Defensor del Pueblo proporcionó al GPVOX desestimando la denuncia interpuesta. Se atrevió a apelar al “Protocolo de Estambul” y con ello, como espero tener oportunidad de desarrollar en esa comparecencia personal que exigiremos en la XIV Legislatura, se posicionó al lado de los etarras y sus abogados defensores pues tal ha sido su endeble argumento cuando han tratado de obtener pronunciamientos condenatorios de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestas torturas, siempre infundadas y desestimadas por los Tribunales de Justicia como igualmente he tenido el honor de atestiguar en primera persona cuando he asumido su defensa.

    Seguiremos luchando desde el GPVOX para hacer frente a esta demonización que sufren nuestros Funcionarios de Prisiones. Y que pasa, por eliminar esta presunción de criminalidad que arbitraria e ilegalmente se ha hecho pesar sobre ellos, como, igualmente, por promover todas las iniciativas parlamentarias que estén a nuestro alcance para conseguir que desarrollen su esencial labor profesional en unas condiciones DIGNAS de las que ahora carecen.Que sean reconocidos legalmente Agentes de la Autoridad es un objetivo prioritario. Pero no exclusivo. Entre las medidas que hemos exigido, se encuentran:

    (i) lograr la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. No es admisible que existan diferencias salariales para puestos de trabajo iguales;

    (ii) realizar una convocatoria de empleo público ambiciosa para los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años;

    (iii) crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional;

    (iv) adecuar y actualizar los actuales medios materiales para poder afrontar los actos violentos por parte de los internos hacia los trabajadores: walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos; así como

    (v) fundar una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios de forma que sea requisito básico haber recibido formación en la misma para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados. Debe ser una institución profesional dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa.

    Me limito a describir en estas líneas las iniciativas que el GPVOX ya ha registrado en el Congreso de los Diputados y que, una vez se inicie la nueva Legislatura, impulsaremos de nuevo.

    Estamos a vuestro lado, Funcionarios de Prisiones. Y no porque busquemos un rédito electoral. Apoyamos vuestras justas reivindicaciones porque son de JUSTICIA. Y yo, como Compañera funcionaria, doy fe de ello.

    Permitidme que concluya dedicando estas breves líneas a una Funcionaria de Prisiones en particular: Chus de la Peña. Te mereces un reconocimiento mucho mayor del que yo pueda darte, Chus, porque libras una doble batalla, la de defensa del Colectivo y la más importante, la personal. Tu fuerza y tesón son un ejemplo para todos los que te conocemos, admiramos y queremos. Nos iluminas con tu sonrisa. Gracias, Compañera. Seguimos en la lucha.

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    Una reforma inaplazable por Miguel Angel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos)

    Con la vista en los comicios del próximo domingo procedemos a publicar una serie de artículos con las propuestas de los diferentes partidos políticos. Comenzamos con una colaboración del diputado de Ciudadanos Miguel Angel Gutiérrez.


    Ciudadanos nació como un partido que consideraba -y sigue considerando-inaplazables las reformas que los viejos partidos no han sido capaces de poner en marcha en más de 30 años. Nuestro país necesita avanzar hasta el siglo XXI en muchos aspectos, en los que poco a poco las ineficaces políticas del bipartidismo nos han ido dejando atrás y en las que se precisan importantes reformas. Cada día es más evidente la necesidad de un Pacto Nacional por la Educación. Necesitamos una justicia despolitizada y que funcione mejor. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requieren un modelo moderno, al igual que nuestras Fuerzas Armadas.
    Pero una reforma que ya no puede esperar más, y de la que pocos partidos políticos se preocupan, es la que necesita nuestro sistema penitenciario y especialmente las personas que allí trabajan, los funcionarios de prisiones.
    Muchas son las necesidades del sector penitenciario español. De entrada, en Ciudadanos no compartimos que este sistema dependa del Ministerio del Interior, en lugar de hacerlo del Ministerio de Justicia, como lo hizo durante muchos años.
    Ya hemos dicho, que muchas son las reformas necesarias y también los problemas. Sin duda, uno de los principales es el preocupante envejecimiento de la plantilla de trabajadores, que supera la cincuentena. La tasa de reposición en los años de la crisis ha sido prácticamente inexistente para un colectivo de más de 22.000 personas. Hay que ofertar urgentemente nuevas plazas de funcionarios, ya que la inmensa mayoría superan los 55 años.
    Nuestros funcionarios de prisiones ya no pueden esperar más para un reconocimiento urgente de su condición de agentes de la autoridad. Una petición que Ciudadanos ha apoyado decididamente desde que llegamos a las más altas instituciones del Estado. Solamente la convocatoria de elecciones en abril de 2019, nos impidió terminar de tramitar esta modificación legal, tan esperada y necesaria para todos sus funcionarios.
    La formación es otra de las cuestiones que nos preocupan, en este, como en otros sectores. No sólo hay que mejorar la formación de los nuevos funcionarios, sino que nos parece imprescindible elaborar un programa de formación continua y de actualización de conocimientos para los funcionarios veteranos.


    Otro de los grandes problemas que afecta a los trabajadores de este sector es el de las agresiones que sufren por parte de los internos. Pensamos que la tolerancia cero contra cualquier comportamiento violento, o agresivo contra los funcionarios, es la única vía para reducirlos al máximo. Impulsamos la elaboración del protocolo anti agresiones por el gobierno de Rajoy. Sabemos que no ha solucionado nada y que incluso no ha llegado a desarrollarse. Esa falta de compromiso con quienes arriesgan su integridad y aún así siguen ejerciendo su trabajo de forma profesional resulta imperdonable.


    La falta de medios físicos de autoprotección, o medidas de coerción, indispensables en el trato con internos violentos o peligrosos, no hace sino complicar el día a día de estos trabajadores públicos.
    Pero siendo todos estos problemas graves, no hemos hablado aún de las verdaderas reformas de la Institución. Una Ley General Penitenciaria que es necesario actualizar tras casi 50 años, la reclasificación de los centros penitenciarios, la sanidad penitenciaria, que debería estar ya integrada en nuestro Sistema Nacional de Salud, la reclasificación al grupo B, el desarrollo profesional horizontal y vertical, o por supuesto, la actualización de las remuneraciones, basadas en la condición de que a igual trabajo igual salario.
    Muchas de estas reformas no son solo urgentes, si no imprescindibles, para que nuestros profesionales puedan seguir desempeñando su trabajo con la dignidad que representa realizar uno de los trabajos más comprometidos de toda la función pública.
    Por que si la sociedad -a través del poder judicial- ha decidido privar a un ciudadano del derecho más importante que tenemos todos, que es la libertad, son los funcionarios de prisiones los que garantizan a los internos que el resto de derechos individuales les sean respetados. Y eso supone un valor incuestionable de nuestra Democracia y Estado de Derecho.

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    Pawsitive Change

    https://www.marleysmutts.org/

    Pawsitive Change es un programa de rehabilitación progresiva e intensiva que combina los perros condenados a muerte con los internos de las prisiones estatales de California.

    El objetivo es reducir la reincidencia de los reclusos proporcionándoles una habilidad viable, mientras que al mismo tiempo salva a los perros.

    El programa es guiado por 4 entrenadores experimentados durante 14 semanas, durante las cuales los internos trabajan para obtener la acreditación profesional y los perros para obtener su Certificación de Canino Buen Ciudadano. Tanto el hombre como el animal usarán las habilidades adquiridas en este programa para mejorar sus vidas y mantenerse fuera de las cárceles y / o refugios, respectivamente.

    Vivimos en un lugar donde no podemos mostrar nuestra emoción, se considera una debilidad. Pero con este programa, podemos sentir, dar y recibir afecto. Nos volvemos fríos aquí, mucho más fríos que cuando entramos. Pero estos perros nos dan la oportunidad de ser humanos.

    Preso participante, CycleII

    Proporcionar un espacio emocional seguro y un entorno respetuoso nos permite establecer relaciones y, por lo tanto, comunicar los principios de la psicología del perro y el reconocimiento de la energía. Al centrarse en el respeto y la honestidad emocional, el programa ha forjado a entrenadores de perros sobresalientes y ha revelado un gran avance emocional. Se fomentan las relaciones profundas entre el recluso, el perro y el personal, sentando las bases para el cambio de Pawsitive en todos nosotros.

    Me he reído más en los últimos tres meses que en los últimos 13 años que he estado encarcelado.

    Impartido por la entrenadora principal de MMDR Lisa Porter y la entrenadora de MMDR Lia Marques, el programa Pawsitive Change Program ayuda en la rehabilitación de hombres y caninos.

    Las primeras 6 semanas se enfocan en la psicología del perro y la rehabilitación, mientras que las últimas 7 semanas se centran alrededor de la finalización de la prueba American Kennel Club Canine Good Citizen.
    El programa Canine Good Citizen de AKC es reconocido como el estándar de oro para el comportamiento de los perros y nos enorgullece decir que TODOS nuestros perros graduados de Pawsitive Change se han ganado este título.

    Medimos el éxito de nuestro programa por las siguientes métricas:

    Preso:

    • Mayor voluntad y capacidad para cooperar y participar positivamente en la configuración del equipo
    • Mayor capacidad para tolerar y experimentar malestar emocional de manera constructiva
    • Mayor capacidad para expresar malestar emocional de una manera constructiva
    • Mayor conciencia de las necesidades y emociones de uno mismo y de los demás, y respuestas apropiadas
    • Incremento del sentido de autoestima y valor social reportado.
    • Mayor voluntad y capacidad para comprometerse en una auto-reflexión honesta
    • Mayor comprensión del comportamiento canino y cómo los principios de manejo canino pueden aplicarse a las relaciones interpersonales dentro y fuera del encarcelamiento.
    • Adquisición de habilidades de manejo de caninos para aplicación profesional después del encarcelamiento.

    Canino:

    • Finalización de la Certificación Canino Buen Ciudadano.
    • Mayores signos de confianza y respeto con los manipuladores y otros humanos.
    • Disminución de los síntomas de nerviosismo, inseguridad y miedo.
    • Disminución de tendencias hacia la posesividad y territorialidad.
    • Mayor comportamiento social equilibrado hacia otros perros.
    • Mayor obediencia a los manipuladores.

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