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    NARCOLEPSIA por A. Gomez

    Corren malos tiempos actualmente en España y nuestra labor como sociedad está siendo examinada, de momento vamos a revalidas con muchas probabilidades de repetir curso.

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    Llevamos años arrastrando una desaceleración económica de la que no logramos recuperarnos, hemos rescatado bancos con un dinero que no volveremos a ver, nuestros mayores ven peligrar sus pensiones que es su recompensa por toda una vida trabajando, cada día se producen desahucios, cada semana una mujer muere asesinada en manos de un hombre, pagamos precios desorbitados por un alquiler o por circular por autopistas más que amortizadas, pero eso sí el problema de todo lo tiene Cataluña.

    Desviar la atención hacia otro lado y provocar divisiones internas es una de las estrategias más antiguas empleadas por el que ostenta el poder, divide y vencerás frase atribuida a Julio César pero adoptada por la mayoría de dirigentes.

    Desde la transición, no tan elogiable y trasparente como nos quieren hacer ver, el poder en este país se lo han ido alternando dos partidos y con el paso de los años han ido apareciendo en escena otras alternativas de izquierda, de centro y la preocupante irrupción de la extrema derecha.

    Esto es un fiel reflejo de la división, hastío y hartazgo que sufrimos los españoles.

    Pues si trasladamos toda esta introducción al colectivo de funcionarios de prisiones pasa exactamente lo mismo, un cuerpo totalmente desconocido para la mayoría de la sociedad y al mismo tiempo invisible, ignorado y ninguneado por las diferentes administraciones.

    Cada día en los centros de Cataluña se sufre una agresión o tentativa de agresión, esto no es un hecho aislado, es un problema. El mayor paradigma de difícil explicación es que si un interno agrede a un médico o un maestro dentro de la prisión, esos profesionales tienen categoría de agente de la autoridad, mientras que si ese mismo interno agrede a un funcionario de prisiones sale prácticamente impune.

    Se calcula que para 2025 un 30% de la plantilla actual estará en edad de jubilarse, se desconoce ninguna propuesta en forma de prejubilación o segunda actividad para dar una salida digna a todos esos compañeros que se han ganado merecidamente retirarse de los patios.

    Diferencias retributivas entre nosotros, mismo sueldo por un mismo trabajo, no hace falta ser un erudito para entender esta afirmación.

    Formación y uniformidad acorde con el siglo XXI, invertir en formación es la mejor de las inversiones.

    Redimensionamiento de plantillas, existen ratios escandalosas de 70 internos por un solo funcionario, eso es jugarse la vida literalmente.

    Al igual que en la política, las administraciones se aprovechan de nuestra desunión

    Estas son algunas de las reivindicaciones que cualquier compañero os hará llegar, y seguro que me he dejado algunas por el camino, dudo que ningún sindicato no las defienda como corresponde porque son mejoras para todo nuestro colectivo.

    Al igual que en la política, las administraciones se aprovechan de nuestra desunión, comodidad y en muchos casos falta de empatía. Somos muchos, miles, y la suma de todos nosotros haría replantearse ciertas decisiones antes de tomarlas.

    Falta de liderazgo? Poca o nula credibilidad en los sindicatos? Exceso de protagonismo de compañeros asindicados?

    img_20191101_064357967492329.pngEs hora de analizar y ser autocríticos, pero con una única finalidad, la de revertir esta situación, podemos tomar dos caminos. Uno quedarnos como hasta ahora siendo unos kies de cafetería o activistas de las redes sociales. Dos EMPODERARNOS, es el acto de que una minoría tome poder frente a la mayoría.

    Mientras llega ese día seguiremos sedados, invernando, con nuestra narcolepsia.

    A.Gómez
    Funcionario prisiones de Cataluña

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    Prisiones, silenciados por los violentos, amordazados por Sánchez por Ana Vázquez (PP)

    Tercera entrega previa a las elecciones del domingo, artículo de Ana Belén Vázquez Blanco, diputada y vocal de la Comisión de Interior.

    Esperamos nos remitan sus artículos Psoe y Podemos para cerrar esta serie de colaboraciones

    La tarea que realizan los funcionarios de prisiones, esencial para la democracia, debe ser mejor reconocida. El GPP reclama que se mejore su retribución, se amplíen las plantillas y se les garantice su carácter de agentes de autoridad.

    Estamos ante un colectivo fundamental en la Seguridad de nuestro país, un colectivo que sufrió en sus carnes la barbarie terrorista y que ahora se encuentra sometido a la mordaza de un Gobierno que no consiente que se conozca su labor y sus condiciones sociolaborales. Un colectivo con el que tenemos una deuda histórica y que me obliga a pedir disculpas por no haberlo hecho antes.

    Tengo que felicitar a todos los sindicatos y organizaciones defensoras de los funcionarios de instituciones Penitencia que durante estos meses fueron capaces de dar visibilidad a los problemas que están sufriendo estos servidores públicos y encajar sus reivindicaciones en la agenda política, marcándolo como una prioridad. Fruto de ello son las iniciativas que el Partido Popular presentó en el Congreso y la propia referencia únicamente de Pablo Casado en el debate de candidatos del pasado lunes.

    La institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa en la última década. Esos cambios han llegado a producir una nueva población más agresiva y peligrosa. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.

    Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda, en el exterior de los Centros. Los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.

    Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos hacia los funcionarios, así como accidentes laborales, en lo que va de año más de 300.

    Por eso como sociedad debemos defender a nuestros funcionarios de Prisiones dándoles su condición de agentes de la autoridad y mejorar sus condiciones sociolaborales, igualándoles salarialmente a los funcionarios de CATALUÑA, dotarles de más medios personales y materiales. En definitiva dar dignidad a unos servidores públicos que velan por nuestra seguridad.

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    De la demonización de nuestros funcionarios de prisiones por Macarena Olona (VOX)

    Segundo artículo previo a las elecciones, redactado por Macarena Olona Choclán, Secretaria General y Portavoz adjunto del grupo parlamentario VOX en el Congreso.

    Dejamos atrás la XIII Legislatura y, con ella, la materialización de importantes iniciativas parlamentarias que no deberían depender del capricho de intereses partidistas y réditos electorales. Entre ellas, las que desde el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) hemos registrado en el Congreso de los Diputados para materializar nuestro apoyo constante y sin fisuras a un Colectivo de Servidores Públicos a quien, de manera particular, el Gobierno de España ha dado la espalda.

    Hoy me dirijo a nuestros Funcionarios de Prisiones.

    Funcionarios a quienes considero Compañeros y cuya profesionalidad he podido conocer en primera persona cuando, en mi previa labor como Abogado del Estado, he tenido el honor de asumir su defensa en las causas penales –con resultado siempre absolutorio- o, de manera indirecta, al defender al Estado en sede de responsabilidad civil subsidiaria. Ese conocimiento es el que me ha permitido sentirme en Casa cuando, en esta breve Legislatura en la que he tenido el honor de servir a España como Diputada nacional del GPVOX, sus necesidades han sido las de mi Grupo Parlamentario. Sus reivindicaciones han sido las nuestras.

    La Justicia es en España un servicio público esencial que, sin nuestros Funcionarios de Prisiones, se vería huérfana y defraudada. Representan el bastión que culmina la aplicación de nuestro Estado de Derecho cuando, luego de un proceso jurisdiccional con plenas garantías, la población reclusa ha de ser custodiada en nuestros Centros Penitenciarios.

    Son ellos, sin duda, quienes velan por nuestra seguridad. Son ellos, sin duda, quienes protegen, cada día, a la sociedad española. Y es por ello, precisamente, por lo que resulta una INDIGNIDAD la absoluta demonización que están sufriendo, de manera particular, por quienes se supone deberían velar por su adecuado cuidado en el desempeño de su quehacer profesional: el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz. Uno y otro han demostrado, en reiteradas y dolorosas ocasiones, que NO están a la altura de los cargos públicos que desempeñan. No se merecen asumir el Mando de Servidores Públicos tan extraordinarios como los que se encuentran bajo su tutela. Entre ellos, nuestros Funcionarios de Prisiones.

    Hemos intentado, a través de todos los mecanismos puestos a nuestra disposición, actuar como un escudo protector. Que, por encima de todo, nunca os sintieseis solos en vuestras justas y legítimas reivindicaciones.

    El pasado 4 de julio el GPVOX denunció ante el Defensor del Pueblo –en términos más adecuados, el Defensor del PSOE-, la arbitraria e ilegal Orden de Servicio dictada por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, en fecha 1 de julio de 2019 (registro de salida núm. 946), sobre “DEBER LEGAL PARTE DE LESIONES”, con el fin de que, en su labor como protector de los Derechos Fundamentales frente a las Administraciones Públicas, amparase adecuadamente los derechos fundamentales a la igualdad de todos los españoles ante la Ley y no discriminación (art. 14 CE), a1 honor (art. 18 CE) y a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva (art 24. CE), de los funcionarios que prestan servicio en los Centros Penitenciarios de España. ), dado que, frente al régimen común al resto de los españoles, sólo en el caso de los funcionarios de prisiones, por mor de la citada Orden, se van a ver sometidos a un examen indiscriminado por la Jurisdicción penal de su actividad funcionarial, en aquellos casos en que no haya el más mínimo elemento probatorio de una conducta irregular. Esto es, en aquellos casos en que se ha constatado que la declaración de la supuesta víctima de torturas o malos tratos no va acompañada de ELEMENTOS OBJETIVOS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA, los cuales, antes al contrario, afloran la mendacidad de la acusación.Orden de Servicio que el GPVOX denunció, no sólo por ser ilegal y gravemente atentatoria de los derechos fundamentales indicados, sino, a mayor abundamiento, ARBITRARIA, en la medida en que,

    (I) ni da solución a una supuesta práctica generalizada de torturas por parte de nuestros funcionarios de prisiones, como así parece querer trasladar, QUE NO EXISTE,

    (II) ni suple un supuesto vacío normativo dada la profusa normativa, YA EXISTENTE, que da amparo a la población reclusa frente a cualquier actuación irregular.

    Y es que, sin base alguna, los Mandos políticos del Ministerio del Interior decidieron consagrar una presunción de culpabilidad sobre nuestros Funcionarios, convirtiéndoles en presuntos torturadores, y emitiendo una normativa que, pese a ser ellos quienes combaten la delincuencia, les criminaliza. Porque los números siempre son tozudos y aquí las estadísticas son nítidas: durante el periodo 2009-2018, se registraron 758 informes de inspección penitenciaria por presuntos malos tratos, NINGUNO POR TORTURA, de los cuales 11 concluyeron en sanción, en un colectivo de 24.000 funcionarios. En 2018 hubo 111 informes, ninguno de los cuales concluyó con sanción. Y con esta realidad innegable nos dirigimos al Defensor del Pueblo, poniéndole enfrente el espejo de la denuncia que formulábamos, aun a sabiendas de su escaso recorrido porque, éramos conscientes, el, en particular, estaba detrás de la indigna Orden emitida la cual trataba de dar respuesta a sus Recomendaciones como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

    Ahora bien, alcanzábamos mediante la denuncia interpuesta el verdadero objetivo pretendido: conseguir que se posicionara por escrito y, a resultas, exigir su comparecencia urgente en la Comisión del Congreso de los Diputados donde, por nuestro conducto, los Funcionarios de Prisiones podrían exigir su responsabilidad, en paralelo a la impugnación jurisdiccional de la citada Orden que también se promovió por las Asociaciones.

    Yo confieso, y lo hago como Técnico, que no di crédito a la respuesta escrita que el Defensor del Pueblo proporcionó al GPVOX desestimando la denuncia interpuesta. Se atrevió a apelar al “Protocolo de Estambul” y con ello, como espero tener oportunidad de desarrollar en esa comparecencia personal que exigiremos en la XIV Legislatura, se posicionó al lado de los etarras y sus abogados defensores pues tal ha sido su endeble argumento cuando han tratado de obtener pronunciamientos condenatorios de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestas torturas, siempre infundadas y desestimadas por los Tribunales de Justicia como igualmente he tenido el honor de atestiguar en primera persona cuando he asumido su defensa.

    Seguiremos luchando desde el GPVOX para hacer frente a esta demonización que sufren nuestros Funcionarios de Prisiones. Y que pasa, por eliminar esta presunción de criminalidad que arbitraria e ilegalmente se ha hecho pesar sobre ellos, como, igualmente, por promover todas las iniciativas parlamentarias que estén a nuestro alcance para conseguir que desarrollen su esencial labor profesional en unas condiciones DIGNAS de las que ahora carecen.Que sean reconocidos legalmente Agentes de la Autoridad es un objetivo prioritario. Pero no exclusivo. Entre las medidas que hemos exigido, se encuentran:

    (i) lograr la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. No es admisible que existan diferencias salariales para puestos de trabajo iguales;

    (ii) realizar una convocatoria de empleo público ambiciosa para los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años;

    (iii) crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional;

    (iv) adecuar y actualizar los actuales medios materiales para poder afrontar los actos violentos por parte de los internos hacia los trabajadores: walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos; así como

    (v) fundar una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios de forma que sea requisito básico haber recibido formación en la misma para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados. Debe ser una institución profesional dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa.

    Me limito a describir en estas líneas las iniciativas que el GPVOX ya ha registrado en el Congreso de los Diputados y que, una vez se inicie la nueva Legislatura, impulsaremos de nuevo.

    Estamos a vuestro lado, Funcionarios de Prisiones. Y no porque busquemos un rédito electoral. Apoyamos vuestras justas reivindicaciones porque son de JUSTICIA. Y yo, como Compañera funcionaria, doy fe de ello.

    Permitidme que concluya dedicando estas breves líneas a una Funcionaria de Prisiones en particular: Chus de la Peña. Te mereces un reconocimiento mucho mayor del que yo pueda darte, Chus, porque libras una doble batalla, la de defensa del Colectivo y la más importante, la personal. Tu fuerza y tesón son un ejemplo para todos los que te conocemos, admiramos y queremos. Nos iluminas con tu sonrisa. Gracias, Compañera. Seguimos en la lucha.

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    Una reforma inaplazable por Miguel Angel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos)

    Con la vista en los comicios del próximo domingo procedemos a publicar una serie de artículos con las propuestas de los diferentes partidos políticos. Comenzamos con una colaboración del diputado de Ciudadanos Miguel Angel Gutiérrez.


    Ciudadanos nació como un partido que consideraba -y sigue considerando-inaplazables las reformas que los viejos partidos no han sido capaces de poner en marcha en más de 30 años. Nuestro país necesita avanzar hasta el siglo XXI en muchos aspectos, en los que poco a poco las ineficaces políticas del bipartidismo nos han ido dejando atrás y en las que se precisan importantes reformas. Cada día es más evidente la necesidad de un Pacto Nacional por la Educación. Necesitamos una justicia despolitizada y que funcione mejor. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requieren un modelo moderno, al igual que nuestras Fuerzas Armadas.
    Pero una reforma que ya no puede esperar más, y de la que pocos partidos políticos se preocupan, es la que necesita nuestro sistema penitenciario y especialmente las personas que allí trabajan, los funcionarios de prisiones.
    Muchas son las necesidades del sector penitenciario español. De entrada, en Ciudadanos no compartimos que este sistema dependa del Ministerio del Interior, en lugar de hacerlo del Ministerio de Justicia, como lo hizo durante muchos años.
    Ya hemos dicho, que muchas son las reformas necesarias y también los problemas. Sin duda, uno de los principales es el preocupante envejecimiento de la plantilla de trabajadores, que supera la cincuentena. La tasa de reposición en los años de la crisis ha sido prácticamente inexistente para un colectivo de más de 22.000 personas. Hay que ofertar urgentemente nuevas plazas de funcionarios, ya que la inmensa mayoría superan los 55 años.
    Nuestros funcionarios de prisiones ya no pueden esperar más para un reconocimiento urgente de su condición de agentes de la autoridad. Una petición que Ciudadanos ha apoyado decididamente desde que llegamos a las más altas instituciones del Estado. Solamente la convocatoria de elecciones en abril de 2019, nos impidió terminar de tramitar esta modificación legal, tan esperada y necesaria para todos sus funcionarios.
    La formación es otra de las cuestiones que nos preocupan, en este, como en otros sectores. No sólo hay que mejorar la formación de los nuevos funcionarios, sino que nos parece imprescindible elaborar un programa de formación continua y de actualización de conocimientos para los funcionarios veteranos.


    Otro de los grandes problemas que afecta a los trabajadores de este sector es el de las agresiones que sufren por parte de los internos. Pensamos que la tolerancia cero contra cualquier comportamiento violento, o agresivo contra los funcionarios, es la única vía para reducirlos al máximo. Impulsamos la elaboración del protocolo anti agresiones por el gobierno de Rajoy. Sabemos que no ha solucionado nada y que incluso no ha llegado a desarrollarse. Esa falta de compromiso con quienes arriesgan su integridad y aún así siguen ejerciendo su trabajo de forma profesional resulta imperdonable.


    La falta de medios físicos de autoprotección, o medidas de coerción, indispensables en el trato con internos violentos o peligrosos, no hace sino complicar el día a día de estos trabajadores públicos.
    Pero siendo todos estos problemas graves, no hemos hablado aún de las verdaderas reformas de la Institución. Una Ley General Penitenciaria que es necesario actualizar tras casi 50 años, la reclasificación de los centros penitenciarios, la sanidad penitenciaria, que debería estar ya integrada en nuestro Sistema Nacional de Salud, la reclasificación al grupo B, el desarrollo profesional horizontal y vertical, o por supuesto, la actualización de las remuneraciones, basadas en la condición de que a igual trabajo igual salario.
    Muchas de estas reformas no son solo urgentes, si no imprescindibles, para que nuestros profesionales puedan seguir desempeñando su trabajo con la dignidad que representa realizar uno de los trabajos más comprometidos de toda la función pública.
    Por que si la sociedad -a través del poder judicial- ha decidido privar a un ciudadano del derecho más importante que tenemos todos, que es la libertad, son los funcionarios de prisiones los que garantizan a los internos que el resto de derechos individuales les sean respetados. Y eso supone un valor incuestionable de nuestra Democracia y Estado de Derecho.

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    La Sanidad penitenciaria se encuentra en la U.C.I

    ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ANEP

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    Los profesionales de enfermería de Instituciones Penitenciarias queremos seguir siendo Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, amamos nuestra profesión y queremos seguir desarrollándola en el futuro

    El número de profesionales que conformamos el cuerpo de Enfermeros en todo el ámbito nacional es inferior a 600, de modo que en cada Centro Penitenciario es raro que haya más de 10 profesionales (en algunos muchos menos) que enfrentados a los 500 y pico funcionarios de los cuerpos de ayudantes, especial y técnico por cada Centro Penitenciario no representamos prácticamente nada.

    Así que gracias al esfuerzo de muchas personas hemos logrado contactar entre todos nosotros y fruto de ese contacto ha nacido la Asociación Nacional de Enfermería de Instituciones Penitenciarias (ANEP).

    Nos hemos unido porque nos sentimos solos y decepcionados, porque no representamos un número importante que merezca la pena sustentar o defender, al que prestar atención, porque las carencias, problemática y necesidades que podamos requerir son singulares y difíciles de entender por otros profesionales de la Institución.

    Nos hemos unido, porque las necesidades de salud de las personas privadas de libertad han ido más allá, mucho más allá de lo que dicta el reglamento de 1996 refiriéndose al modelo que ha de regir en la sanidad penitenciaria, el modelo de atención primaria, habiendo quedado muy superado este modelo por la realidad. Y la Secretaria General no sólo no ha ido más allá como debiera haber sido con nosotros los profesionales; al contrario ha permanecido inmóvil, y la inmovilidad sólo se puede denominar de una manera, retroceso.

    Nos hemos unido porque debe terminar de una vez para siempre la consideración que nos confiere la legislación penitenciaria de meros ayudantes receptores de órdenes de los médicos.

    Nos hemos unido porque debe terminar de una vez para siempre la consideración que nos confiere la legislación penitenciaria de meros ayudantes receptores de órdenes de los médicos. Legislación que viene heredada de tiempos preconstitucionales y de normativas de 1956. En la que se nos denominaba ATS y así ha sido hasta hace bien poco. Y cuya regulación obsoleta es vigente aun en la legislación penitenciaria. Esa relación jerárquica médico-enfermera debe ser derogada pues en la actualidad carece de sentido, lo tenía en la antigua profesión de ATS cuyos conocimientos eran limitados para desarrollar de forma independiente ciertas tareas relacionadas con la salud de las personas. En definitiva ha cambiado el nombre pero las funciones permanecen. La formación científica y práctica que adquieren, adquirimos los enfermeros actualmente es suficientemente amplia y completa para no tener que limitarnos a recibir órdenes de un médico; el título que obtiene un enfermero al finalizar sus estudios es un grado universitario, igual al de un abogado, o un psicólogo o un médico, por citar los más cercanos. Muchos de nosotros, y la exigencia que tienen las pruebas de acceso así lo demuestran, la gran mayoría ya disponemos del título de grado en enfermería, estando plenamente actualizados en formación.

    Nos hemos unido porque nos sentimos solos y decepcionados

    Así pues y por la falta de voluntad para la derogación de los preceptos actuales ya suficientemente denunciados en diversas cartas enviadas a directivos de la Secretaria General de IIPP es por lo que nos hemos unido.

    Nos hemos unido porque el Estatuto Básico del Empleado Público define la carrera profesional de los funcionarios dependientes de su ámbito. Y pasan los años y no hay noticias. Mientras en otros departamentos lleva años desarrollada y los funcionarios pueden crecer profesionalmente en sus respectivos puestos de trabajo.

    Nos hemos unido porque cada día vemos que se nos infravalora en la formación académica, en la titulación que se exige para obtener el grado necesario para ejercer. Porque se nos está utilizando para cubrir cualquier ausencia o falta de profesionales de otros cuerpos sean médicos, farmacéuticos o personal laboral de carácter sanitario. Tenemos multitud de casos comentados de rigor excesivo de autoridad por parte de médicos que imponen, exigen, obligan a llevar a cabo tareas como que se le hagan fotocopias o se le extraiga una carpeta de un archivo o que se les acompañe porque sí. Sin contar con el trato despectivo o denigrante, aunque esto último no sea lo habitual afortunadamente. O se niegan a ver a un paciente mientras no haya presente un “ATS” para que se cumpla a rajatabla el art. 324. Entiéndase que ese sometimiento es una humillación profesional. Una práctica que a todas luces debe cesar cuanto antes.

    Hemos de manifestar la preocupación que nos inquieta por la falta de médicos que endosará una responsabilidad añadida en la toma de decisiones a nuestra función pública dentro de la institución penitenciaria.

    También quisiéramos trasladar la seguridad absoluta que todos tenemos sobre la necesidad de actualizar las retribuciones asignadas a nuestro puesto de trabajo que han ido quedando ciertamente en una situación de desajuste con la realidad propia y cierta de la profesión de enfermero o enfermera de instituciones penitenciarias, la ubicación, responsabilidad penosidad y dedicación especial, así como los riesgos asumidos por la propia naturaleza del puesto de trabajo en la actualidad tanto de tipo biológico como en el campo de la propia seguridad y estabilidad personal, ante la exposición a que nos vemos obligados, a denuncias falsas constantes, agresiones, atentados, secuestros, insultos, amenazas ciertas o veladas, desobediencias en lo relacionado con nuestra profesión, etc. Tengamos en cuenta que el objeto de nuestro trabajo son los propios internados en prisión y nuestra actividad se desarrolla principalmente en las dependencias de la Enfermería ubicadas casi siempre en el corazón del interior del Centro, pero en una gran cantidad de ocasiones en cualquier otro departamento del interior del Centro Penitenciario donde se nos requiera.

    Hemos de manifestar la preocupación que nos inquieta por la falta de médico.

    Especialmente quisiéramos manifestar la injusta asignación del complemento específico que debe ser actualizado, máxime cuando es una demanda tratada en las mesas de negociación hace 14 años (2005) y aún no sabemos porqué sigue sin resolverse.

    Sentimos un vacío en la actualización de conocimientos y destrezas que nos daría una mayor confianza en el desarrollo de nuestras habilidades en las tareas y actividades de cada día.
    Hay muy pocos cursos de formación, actualización, habilidades técnicas, y siempre son restringidos a unos pocos.

    Aún hay más asuntos, muchos más que debemos poner en conocimiento de esa Secretaría, y que afectan al ámbito de la Enfermería. Entre otros citamos los más importantes:

    ❌ El nivel de complemento de destino debe ser el nivel 24 adecuado a nuestro nivel de competencias y responsabilidad.

    ❌ Que se modifique la titulación de Diplomado por la de Graduado y grupo A1, y que se abra la puerta a los puestos directivos desde los puestos propios de enfermer@ igual que a otros cuerpos de la misma categoría como el cuerpo Especial.

    ❌ Obligar a la Administración a que nos dé un día adicional cada vez que hagamos una guardia de incidencias por bajas laborales de otros compañeros u otros motivos por los que te corresponda sustituir a un compañero de forma no voluntaria. O que añadan los 15 euros de incidencias como a los funcionarios a los 13 de la guardia. En realidad debe ser más de un día porque son 10 horas en diario y 24 en festivo. O sea 1 día y pico por diario y tres días por festivo, si se da en días libres.

    ❌ Que se nos facilite la comida y la cena los días de guardia obligatorias de 24 horas

    ❌ Que se nos pague el complemento del módulo de aislamiento igual que a los funcionarios y al personal laboral que asiste en dicho módulo.

    ❌ Que en los centros donde haya más trabajo se asignen dos enfermeros de guardia los festivos al menos en horario de mañana.

    ❌ Que se obligue a los administradores a entregar el importe completo de la asignación de vestuario, pues se sabe que en algunos centros no se da completo.

    ❌ Que se elimine la EX11 que viene a ser un secuestro profesional para los enfermeros impidiendo que podamos buscar otras alternativas dentro de la administración. Dicho secuestro no nos lo pagan por ningún concepto. Y si no lo quitan que lo paguen.

    ❌ Que se organice y regule la consulta de enfermería como acto periódico necesario obligatorio y de reserva absoluta de tiempo de trabajo para ser llevada a cabo por los enfermeros asignados a las mismas. De la misma forma que está establecido con las consultas médicas.

    ❌ Que se acabe con la necesidad de reconocer ingresos acompañando al médico en su consulta a los ingresos. Y se establezca una consulta de enfermería a los ingresos independiente de la del médico.

    ❌ Que haya entre las 8:00 las 22:00 asignado personal auxiliar de enfermería o de lo contrario que en ausencia de auxiliar se abone la guardia desde las 15 horas.

    ❌ Que en los centros de localizadas y en los demás, no se deposite en los enfermeros la responsabilidad de la atención medica cuando no hay medico mientras no se establezca un protocolo de actuación que autorice al enfermero a tomar decisiones dentro de sus competencias. Y mientras no se pague al enfermero por ello que se le compense en tiempo libre por el extra de responsabilidad.

    ❌ Que se aumente el tiempo libre que se da por un fin de semana completo de guardia localizada.

    ❌ Que se desarrollen cuanto antes programas y protocolos de actuación tanto en atención de urgencias como en atención al paciente con patologías crónicas con el fin de aumentar la independencia profesional del profesional de enfermería.

    ❌ Que se resuelva mediante una instrucción la problemática que existe con la prescripción enfermera sobre medicamentos de uso humano. Tanto los que no requieren receta médica como los que la requieren si no hubiera medico disponible y la situación no pudiera demorarse.

    ❌ Que se agilicen los contactos con el Consejo General de Enfermería para la instauración en Instituciones Penitenciarias de las funciones propias y reguladas por el Consejo, según el documento de trabajo llevado a cabo por el grupo de funciones que nació en la Reunión del 12 de Febrero.

    ❌ Que se reevalúen las características del complemento específico (dificultad técnica, especial dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad y penosidad ) con el fin de proponer a la CECIR una actualización urgente del importe del complemento específico.

    Por el momento nos sentimos contentos de poder hacer pública la presencia de nuestra Asociación Profesional compuesta por un número importante de socios activos que cada día aumenta su número. Un importante grupo simpatizante activo también que participa plenamente de los fundamentos y razones de la Asociación, y la cercanía del colectivo completo de las Enfermeras y Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

    Los profesionales de enfermería de Instituciones Penitenciarias queremos seguir siendo Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, amamos nuestra profesión y queremos seguir desarrollándola en el futuro, por eso queremos acercar la enfermería de Instituciones Penitenciarias a la realidad de hoy día, desarrollar una enfermería moderna, apropiada y adaptada al desarrollo científico y técnico del que disponemos en la actualidad. No debemos olvidar que el colectivo de Enfermería es en la actualidad el más numeroso dentro de los sanitarios de IIPP y la desgana y el maltrato al que nos somete la DGIP solo llevará a la desaparición del mismo como ya ha ocurrido con la falta de médicos en nuestras instituciones. Al igual que ha pasado con los médicos este trato vejatorio por parte de la administración hacia los Enfermeros hará que ningún enfermero quiera venir a trabajar a prisiones y eso unido a que la oferta de trabajo en el resto de administraciones vuelve a aumentar para los enfermeros nos llevará a ver en no más de cuatro o cinco años a las prisiones sin médicos ni enfermeros y eso será un gravísimo problema para la administración y para los funcionarios que trabajen en los centros penitenciarios. La administración en la actualidad cree que la solución está en las transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

    ANEP, no tiene entre sus objetivos la prioridad de las transferencias ya que no nos fiamos de ese sistema de llevarlas a cabo con secretismos y sin contar con los afectados. Además se da la paradoja que haya algunos de nosotros que quedemos en peor situación que otros compañeros lo cual no es justo en absoluto para los perjudicados. Y sin actualizarnos el específico, mucho menos las vamos a apoyar. No nos transmite gran cosa la SG salvo que es su objetivo estratégico prioritario en relación con la sanidad, y cuando se refieren a sanidad nos incluyen a todos como un paquete para con una sola patada echarnos a todos a la vez. Expresamos nuestro malestar por esa manera de negociar sin observar un modelo ya existente como es el del país vasco, que nos sirve como referencia en cuanto a retribuciones y funciones. El modelo del país vasco, según dicen no se puede reproducir en otras comunidades. Con cada una hay que negociar lo suyo. No nos gusta nada esa frase. Da la impresión que no quieren esforzarse por nosotros y que aceptarán lo que le exijan las CCAA. Las transferencias al país vasco son un modelo para ANEP, y creemos que es el que se debe utilizar para todas las demás comunidades autónomas el día que se lleven a cabo.

    Además se da la paradoja que haya algunos de nosotros que quedemos en peor situación que otros compañeros lo cual no es justo en absoluto para los perjudicados. Y sin actualizarnos el específico, mucho menos las vamos a apoyar. No nos transmite gran cosa la SG salvo que es su objetivo estratégico prioritario en relación con la sanidad, y cuando se refieren a sanidad nos incluyen a todos como un paquete para con una sola patada echarnos a todos a la vez. Expresamos nuestro malestar por esa manera de negociar sin observar un modelo ya existente como es el del país vasco, que nos sirve como referencia en cuanto a retribuciones y funciones. El modelo del país vasco, según dicen no se puede reproducir en otras comunidades. Con cada una hay que negociar lo suyo. No nos gusta nada esa frase. Da la impresión que no quieren esforzarse por nosotros y que aceptarán lo que le exijan las CCAA. Las transferencias al país vasco son un modelo para ANEP, y creemos que es el que se debe utilizar para todas las demás comunidades autónomas el día que se lleven a cabo.

    Llevamos varios meses vergonzosos sin atender las injusticias para con los enfermeros, especialmente el reconocimiento de nuestra anómala situación profesional, por la arcaica legislación vigente, han pasado varios meses en los que seguimos perdiendo el dinero que desde hace 30 años no se nos paga injustamente en el complemento específico por un lado debido a la nefasta asignación en 1990 del CE al crearse la Sub. de Sanidad, y por otro debido a la avaricia de algún sindicato que siempre se ha olvidado de nosotros a la hora de repartir. Se están dilatando otras muchas cuestiones que son injustas o anómalas en relación con la enfermería de prisiones, pero aunque la administración vaya alargando en el tiempo los problemas, tienen que acabar solucionándolos pues la lealtad institucional no puede ser eterna.

    Está claro que la Administración no nos va a dar nada por sí misma. Si hacemos memoria, la única vez que nos dieron algo fue en 2006 año en que nos subieron el precio de la hora de guardia (solo una vez en 30 años).
    Entendemos que ha llegado el momento de hacer algo, y debemos hacerlo nosotros los trabajadores, los enfermeros. La sanidad está en la UCI, está muy grave y debemos reanimarla.

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    Delincuentes sexuales Online y Adicción a Internet

    https://www.laescenadelcrimen.com/crimen/delincuentes_sexuales_online_adiccion_internet/

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    La Prisión Permanente Revisable como herramienta política

    https://www.laescenadelcrimen.com/crimen/la_prision_permanente_revisable_herramienta_politica/

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    ¿Cuáles son las ciudades más limpias y más sucias de España?

    https://www.companias-de-luz.com/cuales-son-las-ciudades-mas-limpias-de-espana/

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    Colaboraciones en Infoprisiones

    Hemos creado una nueva sección titulada COLABORACIONES.

    Cualquier organización o particular que desee publicar en nuestra web debe enviar su articulo o enlace a info@infoprisiones.com

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    Fianzas de libertad: Mejorando el futuro de México  

    Hasta el día de hoy, Fundación Reintegra ha otorgado en todo el territorio nacional más de 100 mil fianzas, beneficiando así a más de 58,000 personas.

    Ciudad de México a 11 de junio del 2019.- Los pueblos indígenas son uno de los grupos de México más vulnerables que requieren mayores medidas para impulsar su desarrollo económico, político, social, cultural y legal. Es importante que se erradique la discriminación y con ello se asegure un trato digno en cualquiera de los sectores de nuestra vida en sociedad.

    Tras 35 años de labor Fundación Reintegra ha detectado que ciertos sectores se encuentran propensos a que sus procesos penales sean ineficientes, es por ello que la organización está interesada que estos sean justos y que como premisa central se respeten los derechos humanos de cualquier persona.

    Es por este motivo que nace el programa de Fianzas de Libertad, con el cual hasta el día de hoy se han otorgado en todo el territorio nacional más de 100 mil fianzas, beneficiando así a más de 58,000 personas.

    Fundación Reintegra tiene como prioridad las zonas del país con población indígena y con condiciones de pobreza extrema, que acusadas de haber cometido un delito menor se encuentran privados de su libertad en alguno de los centros penitenciarios del país y que aun teniendo el derecho de llevar su proceso en libertad no pueden acceder a ella por falta de recursos. La organización cree que el cambio es posible, si se trabaja en conjunto con la finalidad de mejorar el presente y futuro de México.

    ***

    Acerca de Fundación Reintegra:

    Es una fundación que trabaja a favor de la justicia social, equidad de oportunidad y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social

    Contacto de prensa

    Serna PR

    Gabriela López gabriela.lopez@sernapr.com Cel. 044 55 4349 6255

    Cinthia Tapia cinthia.tapia@sernapr.com Cel. 044 55 8698 2397

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