Con la vista en los comicios del próximo domingo procedemos a publicar una serie de artículos con las propuestas de los diferentes partidos políticos. Comenzamos con una colaboración del diputado de Ciudadanos Miguel Angel Gutiérrez.

Ciudadanos nació como un partido que consideraba -y sigue considerando-inaplazables las reformas que los viejos partidos no han sido capaces de poner en marcha en más de 30 años. Nuestro país necesita avanzar hasta el siglo XXI en muchos aspectos, en los que poco a poco las ineficaces políticas del bipartidismo nos han ido dejando atrás y en las que se precisan importantes reformas. Cada día es más evidente la necesidad de un Pacto Nacional por la Educación. Necesitamos una justicia despolitizada y que funcione mejor. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requieren un modelo moderno, al igual que nuestras Fuerzas Armadas.
Pero una reforma que ya no puede esperar más, y de la que pocos partidos políticos se preocupan, es la que necesita nuestro sistema penitenciario y especialmente las personas que allí trabajan, los funcionarios de prisiones.
Muchas son las necesidades del sector penitenciario español. De entrada, en Ciudadanos no compartimos que este sistema dependa del Ministerio del Interior, en lugar de hacerlo del Ministerio de Justicia, como lo hizo durante muchos años.
Ya hemos dicho, que muchas son las reformas necesarias y también los problemas. Sin duda, uno de los principales es el preocupante envejecimiento de la plantilla de trabajadores, que supera la cincuentena. La tasa de reposición en los años de la crisis ha sido prácticamente inexistente para un colectivo de más de 22.000 personas. Hay que ofertar urgentemente nuevas plazas de funcionarios, ya que la inmensa mayoría superan los 55 años.
Nuestros funcionarios de prisiones ya no pueden esperar más para un reconocimiento urgente de su condición de agentes de la autoridad. Una petición que Ciudadanos ha apoyado decididamente desde que llegamos a las más altas instituciones del Estado. Solamente la convocatoria de elecciones en abril de 2019, nos impidió terminar de tramitar esta modificación legal, tan esperada y necesaria para todos sus funcionarios.
La formación es otra de las cuestiones que nos preocupan, en este, como en otros sectores. No sólo hay que mejorar la formación de los nuevos funcionarios, sino que nos parece imprescindible elaborar un programa de formación continua y de actualización de conocimientos para los funcionarios veteranos.

Otro de los grandes problemas que afecta a los trabajadores de este sector es el de las agresiones que sufren por parte de los internos. Pensamos que la tolerancia cero contra cualquier comportamiento violento, o agresivo contra los funcionarios, es la única vía para reducirlos al máximo. Impulsamos la elaboración del protocolo anti agresiones por el gobierno de Rajoy. Sabemos que no ha solucionado nada y que incluso no ha llegado a desarrollarse. Esa falta de compromiso con quienes arriesgan su integridad y aún así siguen ejerciendo su trabajo de forma profesional resulta imperdonable.

La falta de medios físicos de autoprotección, o medidas de coerción, indispensables en el trato con internos violentos o peligrosos, no hace sino complicar el día a día de estos trabajadores públicos.
Pero siendo todos estos problemas graves, no hemos hablado aún de las verdaderas reformas de la Institución. Una Ley General Penitenciaria que es necesario actualizar tras casi 50 años, la reclasificación de los centros penitenciarios, la sanidad penitenciaria, que debería estar ya integrada en nuestro Sistema Nacional de Salud, la reclasificación al grupo B, el desarrollo profesional horizontal y vertical, o por supuesto, la actualización de las remuneraciones, basadas en la condición de que a igual trabajo igual salario.
Muchas de estas reformas no son solo urgentes, si no imprescindibles, para que nuestros profesionales puedan seguir desempeñando su trabajo con la dignidad que representa realizar uno de los trabajos más comprometidos de toda la función pública.
Por que si la sociedad -a través del poder judicial- ha decidido privar a un ciudadano del derecho más importante que tenemos todos, que es la libertad, son los funcionarios de prisiones los que garantizan a los internos que el resto de derechos individuales les sean respetados. Y eso supone un valor incuestionable de nuestra Democracia y Estado de Derecho.